La caída del “Pacto Social” generó interrogantes entre los intendentes, quienes -según sostienen desde el oficialismo- deberán negociar uno a uno con el Poder Ejecutivo (PE) si quieren acordar un nuevo sistema que garantice el pago de las planillas salariales y de obras públicas. Además, los jefes municipales tendrán que conciliar el saneamiento de las deudas exigibles a sus administraciones, cuyo monto global alcanza los $ 2.100 millones.

Más allá de la tensión que genera la caída de este régimen en la Capital y el interior, en la Casa de Gobierno aseguran que cada intendente será recibido por los funcionarios del PE para que, en febrero, los haberes sean depositados sin demoras ni conflictos. Así lo explicó el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, quien estará a cargo del Ejecutivo durante las próximas dos semanas por las vacaciones del gobernador, José Alperovich. “Se va a ayudar a todos los que lo necesiten”, afirmó el legislador monterizo. Y agregó que, un ejemplo de cómo serán las negociaciones, es la administración de Simoca. “Esta es una gestión que tiene otro signo político (está a cargo del radical Luis González). Ellos habían firmado el ‘Pacto Obras’, pero no el ‘Sueldos’. Sin embargo, el intendente planteó, con números en mano, que tenía dificultades para afrontar los salarios de diciembre. Y el gobernador ordenó que, a través del Ministerio del Interior, se envíe el dinero. Y eso ya está resuelto”, apuntó el titular subrogante de la Cámara.

El “Pacto Social” fue creado en 2000, cuando Alperovich era ministro de Economía de Julio Miranda. Este sistema implicaba un convenio, mediante el que los municipios cedían al PE todos sus recursos por coparticipación. A cambio, la Casa de Gobierno aseguraba el pago de las planillas salariales (“Pacto Sueldos”) y de inversiones en, por ejemplo, pavimento, cloaca y aguas (“Pacto Obras”).

Este sistema caducó con la llegada de 2015, por lo que las gestiones locales deberán renegociar con el PE si desean continuar recibiendo préstamos a cambio de sus fondos.

Además, el gobernador ya firmó un decreto que señala la deuda global exigible y un detalle por cada municipio. Este será otro motivo de conversaciones con los intendentes.

En ese contexto, el armado del Acuerdo Cívico y Social (ACyS) aprovechó para anunciar la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura que permita asegurar los haberes de los trabajadores de las Intendencias y de los Concejos Deliberantes.

El referente de ese espacio, el diputado radical José Cano, dijo que fue la “la irresponsabilidad de esta clase gobernante la que endeudó los municipios, haciéndolos inviables sin el auxilio del PE”. “En la provincia soplan vientos de cambios, y el alperovichismo pretende asfixiar a los jefes municipales a través de un nuevo mecanismo de extorsión que los obligue a negociar con él”, dijo el diputado.